Documento presentado en la Comisión de Educación de la Camara.

Estimadas y estimados miembros de la comisión de educación de la cámara. Agradezco la invitación a exponer hoy, lo que haré concentrándome en cuatro ejes, según lo que hemos elaborado y discutido y me toca representar como movimiento estudiantil:

●    Proceso de discusión y exclusión de actores sociales

●    Contenido del proyecto

●    Propuestas CONFECH

●    La Reforma en peligro

Procedo:

1.   Proceso de discusión y Exclusión de actores de la educación

Lo que presento a continuación se basa en la discusión de diversas generaciones de estudiantes que hemos exigido a los gobiernos de turno, cambios estructurales en el modelo educativo. Prueba de ello son las diversas movilizaciones de las que nos hemos hecho parte distintos sectores de la sociedad sosteniendo un apoyo constante en nuestras demandas, así como la reiterada voluntad de diálogo que ha tenido la CONFECh en todo este periodo de reforma, primero con el ministro Eyzaguirre, principal impulsor del actual proyecto, y luego con la ministra Delpiano, con quien la CONFECh sostuvo conversaciones por más de dos meses durante el año pasado.

Fue en estas instancias donde presentamos nuestras demandas y propuestas, tal como lo vengo a hacer hoy con los elementos centrales de la CONFECh, que también fueron presentados a principio de año al Mineduc. Hoy lo hago en un escenario aún menos prometedor, debido a la intransigencia del gobierno con los distintos actores sociales. Hablo no sólo de los y las estudiantes, ya que, rectores, académicos y trabajadores de las instituciones de educación superior también tuvieron sus propias conversaciones y mesas de trabajo con el Mineduc, sin encontrar en ellos resultados, cuestión de la que se volvió evidente una vez que el proyecto hizo ingreso a la Cámara.

La pantomima de diálogos, ha significado en la práctica la exclusión de los diferentes actores y organizaciones de la educación, quienes durante años hemos peleado por cambiar la educación y que probablemente de no ser así, no estaríamos hablando de una reforma a la educación, ni se tendría la claridad política con la que hoy se instala, una y otra vez, la necesidad de articular un nuevo sistema que nos permita dar solución a las problemáticas sociales y regionales por medio de las universidades como herramientas a disposición de sus comunidades, así como en la búsqueda de mecanismos financieros que nos permitan ampliar este derecho social.

Sabemos que Chile tiene los recursos para sostener una educación pública que garantice el derecho a la educación para la mayoría de la población, pero lo que echamos de menos es la convicción de hacer política y por lo tanto tomar posturas sobre qué cambios impulsar. Falta tomar definiciones y horizontes, como por ejemplo, si se va a seguir financiando el crecimiento de instituciones reconocidas por estafar a los estudiantes, por lucrar con los créditos que avala el Estado y ser de mala calidad o si se impulsará el crecimiento de la educación pública.

2.   Contenido del proyecto

El proyecto de ley, difícilmente puede ser calificado como “reforma”.  El extenso articulado propuesto, que crea una enorme institucionalidad, una serie de procedimientos, potestades, consejos, inhabilidades, etc.no alcanza a esconder una situación preocupante: que en el no existe una definición de horizonte, de una nueva dirección para cambiar el actual sistema de mercado en el que se encuentra inmerso la educación. Como ha sido la tónica de este gobierno, este proyecto es el resultado de la falta de convicción antes señalada, la falta de voluntad política para transformar el sistema actual y asegurar la educación como un Derecho.

Y esta indefinición se expresa en que el proyecto, como está presentado, en ningún momento pone en duda  los pilares fundamentales del actual sistema de educación superior. Desde 1981 a la fecha, nuestra educación ha sido objeto de un proceso de mercadización profunda. Por medio de profundas reformas neoliberales, que han seguido la línea trazada desde 1981, hemos visto cómo, por un lado, el estado ha asumido un rol subsidiario, con una reducción al mínimo en cuanto a su rol como prestador, mientras se fortalecen las facultades reguladoras para supervigilar el correcto comportamiento del mercado y subsanar sus déficit; al mismo tiempo que la participación del sector privado ha ido incrementando, consolidándose un sistema de hegemonía privada, subsidiada por el Estado, vía becas y créditos.

Este proyecto no viene a transformar el sistema antes descrito, sino que viene a implementar políticas que buscan ser puestas al día del sistema, respecto de sus principales déficit. El proyecto viene a fortalecer el rol del estado en cuanto a regulador, garante del sistema de mercado, lo que se puede ver nítidamente a lo largo de todo el proyecto, y que, a modo ejemplar, se puede notar en los siguientes 6 puntos que paso a exponer:

1.   Una cuestión que ya desde el mensaje se puede notar, pero que queda más patente en el título preliminar, dice relación con la ausencia a la noción de Derecho Social. Los principios establecidos lo que hacen es justamente reconocer el estado actual del sistema de educación superior y darle un estatus legal a los principios rectores que han operado de facto todo este tiempo. En ello, destaca el principio de autonomía (Art. 3 literal a) del proyecto de ley), siendo el primero de estos, que el modo en que se presenta tiene más relación con el asegurar a los controladores de la institución la definición de su quehacer, es decir, autonomía respecto del Estado, que una autonomía de la comunidad institucional en relación con intereses externos, es decir, tanto del estado, como de sus controladores. También encontramos principios como calidad, diversidad, inclusión, transparencia, participación, entre otros, pero sin hacer alusión al carácter de Derecho Social, Derecho Fundamental, o un símil, de la educación en su parte normativa, lo que ya nos permite observar una renuncia, por parte del proyecto, al “cambio de paradigma” prometido en el programa de gobierno.

2.   Si bien subsana el déficit de organismo rector del sistema, dado que la capacidad de la DIVESUP no estaba en condiciones de hacerse cargo de un sistema masivo, creando la Subsecretaría; no interviene ni busca modificar la proporción privado/público que tan afectada se vió producto de ese crecimiento, sino que más bien consolida este sistema de “provisión mixta” de hegemonía privado, sin alterar el hecho de que las instituciones estatales hoy tengan menos de un 15% de participación relativa en el total del sistema

3.   Por otra parte, en que si bien, se perfecciona el sistema de aseguramiento de la calidad, volviendo a la acreditación obligatoria; eliminando conflictos de interés; definiendo los estándares de evaluación; entre otras; los fines declarados por la ministra Delpiano, son avanzar en la resolución de uno de los principales problemas del mercado: las asimetrías de información, sin hacerse realmente cargo del perfeccionamiento de la calidad por medio de fortalecimiento de las instituciones; así como tampoco de definir el modo y tipo de instituciones que recibirán a los estudiantes, cuando las instituciones deban cerrar.

4.    Asimismo, que, si bien establece una superintendencia, con funciones y potestades contundentes; esto es justamente el fortalecer el estado regulador. Lo mismo ocurre con la Prohibición del Lucro, que, si bien es un avance respecto de la normativa actual, no es suficiente, y que sea un régimen voluntario para las instituciones técnico profesionales es algo preocupante.

5.   En quinto término, si bien, se establece un régimen distinto para las universidades estatales; se establecen contenidos estatutarios que son más conservadores que las reformas de estatutos en curso de muchas universidades estatales; se deja fuera a instituciones de reconocida trayectoria y funcionamiento público; y en ningún momento buscar fortalecer la educación pública.

6.   Por último, si bien se contemplan nuevos recursos para hacer frente al acceso inequitativo, estos se hacen por medio de instrumentos de mercado, como lo son el voucher que se propone y al que se le denomina impropiamente “gratuidad”, que focaliza más y diluye aún más la diferencia entre educación pública y educación privada; al mismo tiempo que se proponen recursos competitivos para la investigaciones y creación artística, en desmedro de lo poco que queda financiamiento a la oferta (como lo es el AFD), lo que termina de diluir la distinción antes mencionada (público/privado); para, por último, proponer unos convenios marco para las instituciones estatales, del que poco se sabe, y que se deja para la definición del presupuesto, en función del poder de negociación de cada institución.

Es decir, aun cuando se pueden reconocer lneamientos como lo son la regulación de vacantes, regulación contra el lucro (pese a sus limitaciones) y de aranceles; todas estas medidas tiene  escaso peso en el conjunto de una reforma que profundiza las lógicas de la competencia del mercado en educación superior, sin romper en ningún momento con los pilares fundamentales del actual sistema, como lo son la competencia regulada por el Estado, al mismo tiempo que no asume el desafío de reconstruir y expandir la educación pública, que creemos, es el único camino posible para revertir estos 35 años de mercadización de nuestra educación.

3.   Propuestas CONFECh

Pese al crítico análisis que hacemos respecto del proyecto que se presentó y que hoy se comenta, como CONFECh, creemos que existe otro camino. Es por esto que, tras una serie de discusiones a lo largo de todo chile, por más de 5 años, que como estudiantes de Chile propusimos los elementos centrales que presentamos a mediados del primer semestre, y que volvemos a exponer acá:

1.   Fortalecimiento y ampliación de la Educación Pública,

a.   Por medio de la ampliación de la matrícula estatal, acompañado de un aumento de los aportes a los basales a estas instituciones, así como de fondos de revitalización y planes de acompañamientos.

b.   Este fortalecimiento y ampliación debe comprenderse en el marco de una estrategia nacional de desarrollo que busque, por medio de la satisfacción de las necesidades de nuestro país, que se alcance al menos el 50% de la matrícula estatal dentro de los próximos 10 años, por medio de la absorción de los estudiantes de instituciones privadas que deberán cerrar.

c.   Este fortalecimiento se debe desarrollar con la creación de una red de instituciones públicas y un nuevo sistema de acceso que busque revertir las condiciones de segregación heredadas de la etapa escolar.

2.   Un nuevo marco regulatorio:

a.   Se deben establecer nuevas condiciones de existencia, dentro de las que se contemple la prohibición efectiva del lucro, la complejidad de las universidades, infraestructura acorde, educación feminista, un sistema de cuentas públicas periódicas, así como de que se garanticen condiciones de democracia interna, con participación de todos los estamentos.

b.   Se deben establecer, también, condiciones especiales para el financiamiento estatal, que contemple una transparencia total del uso de recursos, por medio de controles públicos, como contraloría o la ley de transparencia. Asimismo, poseer autonomía universitaria, por medio de la participación democrática de los estamentos. Por otro lado, deben ser instituciones que orienten su quehacer a las necesidades nacionales y regionales, cumpliendo la estrategia nacional de desarrollo, con una formación inclusiva e intercultural.

c.   En cuanto al administración provisional y de cierre, se debe modificar en el sentido de asegurar efectivamente el derecho a la educación de los estudiantes afectados, por medio de la reubicación y revalidación de títulos en instituciones del estado, y contemplar la estatización de las instituciones, de ser necesario.

3.   Gratuidad y financiamiento:

a.   La gratuidad debe ser universal para no reproducir las condiciones de segregación del sistema escolar, donde se asegure la mantención. Esta gratuidad debe ser implementada en las instituciones que cumplan con criterios para el financiamiento estatal, y el aporte no debe ser vía voucher, sino que por medio de aportes basales de libre disposición.

b.   En el periodo de transición, se debe avanzar paulatinamente por medio del financiamiento por medio de Aportes Fiscales Directos, aumentando progresivamente en la medida en que disminuye el subsidio a la demanda en instituciones privadas excluidas del financiamiento estatal.

c.   Se debe expulsar a la banca del sistema de financiamiento y condonar la deuda tanto de la banca como del FSCU.

d.   Se debe establecer un fondo de revitalización de las instituciones del Estado

4.   La reforma en peligro

Los presentados, son los elementos que como CONFECH estamos dispuestos a defender donde sea necesario. ¿Quiénes más que nosotros querrían una reforma?. El problema de este proceso es que esta reforma, no viene a transformar el sistema actual e incluso puede implicar un retroceso para una sociedad que demanda año a año que se garantice el derecho a la educación, ya que sin transparentarlo se ha gestado en base a los vínculos orgánicos que tiene la Concertación con el empresariado de la educación, dejando de lado el debate de ideas y haciendo política exclusivamente por los intereses económicos que los cruzan.

Ejemplo de ello es Pilar Armanet, militante del PPD quien lidera la Corporación de Universidades Privadas, donde se agrupan las universidades conocidas por lucrar y ser de mala calidad. Lo curioso es que no es sólo rectora de una de las universidades de Laureate (mismo dueño de la UNAB, donde compañeros y compañeras se movilizaron por semanas durante este año por malas condiciones internas y pidiendo investigación por parte del mineduc y que hoy nos enteramos que la misma empresa reconoce tener fines de lucro con nuestra educación. Convirtiéndose en la noticia del día), sino que también fue ministra del primer gobierno de Bachelet y subsecretaria de educación liderando la creación del CAE, ahora tiene a su mano derecha de jefa de la DIVESUP y curiosamente ha sido la primera en celebrar este proyecto, mientras que todos los actores sociales lo han rechazado.

Armanet comparte filas con el ministro Eyzaguirre, la ministra Delpiano e incluso se le invita a la comisión de educación del PPD para discutir la reforma. ¿Cómo un partido que habla de la educación pública a través de sus parlamentarios puede asegurar que no tiene intereses involucrados en beneficiar instituciones de educación que sus propios militantes lideran? En concreto hay que admitir la responsabilidad política de distintos partidos, que lideraron 20 años de transición, ya que si laureate puede seguir lucrando a pesar de las denuncias y estudios hechos, es porque hay partidos han permitido y promovido que holdings como esos estén negociando con la educación.

Junto a la serie de intereses que claramente no se ponen sobre la mesa, pues no tienen necesidad de convencer en el debate público, ya que tienen a sus representantes mucho más involucrados con las leyes, cuestionamos el verdadero rol que tendrá el Congreso en este debate.

Nos preocupa además la actitud del gobierno, que ha demostrado que su interés está centrado en tener una cuenta pública final más abultada, antes que en impulsar reformas con apoyo de la sociedad, prueba de ello es la destitución de la rectora Pey hace unas semanas. Claro, podrán quizás hablar de que se hizo un proyecto de ley, pero sólo para postergar los cambios que no se deciden a hacer. Incluso parlamentarios de esta mesa no han explicitado su posición al respecto al proyecto y su futuro.

Quizás es algo comprensible con un proyecto que se basa en la indefinición, en la ausencia de ideas y en la exclusión de la sociedad en sus ideas centrales. Seguir empujando este proyecto tal como está hace innecesario enemigos, ya que pareciera ser que es el mismo gobierno el que está dispuesto a poner en riesgo la posibilidad de que Chile tenga una reforma.