Compañeras y compañeros,
Nos enviaron esta declaración para que la FECh adhiera. El fin es manifestarse sobre los últimos acontecimientos relacionados con Longueira y la corrupta Ley de Pesca.
8 de marzo 2016
Funa contra Pablo Longueira y su Ley de Pesca
Símbolos del Abuso y la Corrupción
Política-Empresarial en Chile
A los trabajadores, pobladores, estudiantes,
pescadores artesanales y pueblos originarios:
La ley de pesca Angelini-Longueira,
que privatizó de manera gratuita y a
perpetuidad los valiosos peces del mar chileno, beneficio de las poderosas familias
Angelini, Yaconi-Sta.Cruz; Izquierdo-Menéndez, Stengel, Sarquis, Del Río,
Jiménez, entre otras, es una ley ilegítima, fruto de la corrupción política-institucional
y de la práctica sistemática del soborno y la colusión por parte del
sector empresarial.
Esto no es un hecho aislado, como
lo trata de mostrar la casta política y las patronales pesqueras. Son cerca de
12 parlamentarios investigados, como los procesados Marta Isasi y el desaforado
senador Jaime Orpis, militantes de la UDI, o los investigados senadores Fulvio Rossi y Juan Pablo Letelier, del PS;
También se han conocido los millonarios aportes del grupo Angelini a la
pre-campaña de la Presidenta Michelle Bachelet, y en especial, los pagos -que
superan el millón de dólares ( $ 730 millones de pesos chilenos)-, al entorno
político y familiar del ex Ministro de Economía, ex senador y ex candidato
presidencial Pablo Longueira, el principal operador de la industria para sacar
una ley hecha a la medida de sus intereses.
Por ello:
1.
Exigimos
que el ex ministro de economía, ex senador y ex candidato presidencial Pablo
Longueira, principal operador del "cartel" de la industria pesquera, sea procesado y encarcelado por ser
el principal articulador y operador
de la industria en el corrupto proceso parlamentario que impuso la
actual ley de robo del patrimonio pesquero nacional.
2.
Rechazamos
las presiones políticas para frenar las investigaciones del Ministerio Público,
y exigimos la ampliación y profundización de la investigación que lleva la
fiscalía, a los parlamentarios y empresas pesqueras del sur de Chile, agrupadas
en Asipes y Fipes.
3.
Rechazamos
la legitimidad, vigencia y potestad de una ley cuyo origen antidemocrático es
la corrupción político-empresarial, por lo que exigimos la anulación de la Ley
N°20.657 de Pesca y Acuicultura, y la restitución inmediata de la propiedad de las pesquerías a sus
legítimos dueños, el conjunto de los pueblos de Chile.
4.
Rechazamos la actuación del gobierno, que
incumple compromisos programáticos con la pesca artesanal, a la vez que maniobra
para desviar la atención y dilatar el proceso de anulación de la ley de pesca, utilizando
a la FAO /Naciones Unidas, la cual no tiene el mandato ni la autonomía para
pronunciarse sobre los temas políticos de fondo de esta corrupta, excluyente y
racista normativa pesquera, la cual excluyó de la consulta obligatoria,
participativa e informada a los pueblos originarios, violando el Convenio 169
de la OIT /Naciones Unidas, ratificado por el Estado de Chile el 2010. La
ilegitimidad de la ley Angelini-Longueira de privatización pesquera, no sólo es
su génesis y tramitación parlamentaria espúrea, si no su ineficacia para asegurar
la conservación y manejo equitativo y sustentable del patrimonio marino
nacional.
5.
Rechazamos la represión y criminalización de la
legítima protesta social de los pescadores artesanales, y solidarizamos con los
dirigentes y pescadores de las comunas de Toltén, Coronel y Dalcahue, que están
actualmente querellados por las
protestas 2015 y 2014.
6.
Nos oponemos a la persecusión y aplicación de
millonarias multas a los pescadores artesanales, mientras el Servicio nacional
de pesca (Sernapesca )hace la vista gorda frente a la pesca ilegal de la
industria y aplica medidas irrisorias a la producción furtiva de harina de
pescado de las empresas asociadas a Asipes, proveniente de miles de toneladas
de sardinas y anchovetas de orígen ilegal. Y solidarizamos con la pesca
en resistencia que impulsan todos aquellos pescadores que han decidido ejercer
su derecho a la objeción de conciencia y desobedecer esta ley corrupta, que ha
consagrado la expropiación de los derechos de pesca del 90% de los pescadores
artesanales.
COORDINADORA SOCIAL POR LA DEFENSA
DEL MAR Y LOS DERECHOS POPULARES
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