Contrapropuesta FECH:
Presentación
Frente a la presentación del 4 de julio del presente año de un proyecto de ley de Educación Superior,
que viene a cumplir la promesa de campaña de la presidenta de que “la educación tiene sea un derecho social y no un
1
bien de consumo”
, como estudiantes, estimamos
indispensables afirmar claramente que dicha promesa no
solo no se cumple, sino que se retrocede respecto de ella. El proyecto
de ley presentado no cuestiona las bases fundamentales del actual sistema
de mercado legitimando una Educación Superior de hegemonía privada en la matrícula, con un funcionamiento
altamente
privatista,
que
tiene como eje dinamizador el mercado, la competencia y la regulación.
Tras 10 años de movilizarnos por el derecho
social a la educación, bajo un sistema
público, gratuito y de
calidad,
no
solo
no
podemos
permitir
que
el gobierno, busque resolver el conflicto abierto por la movilización contra el mercado educativo, procesándolo en favor de los mismos intereses neoliberales de siempre, sino que creemos necesario, para demostrar la vocación de transformación del movimiento social,
ser propositivos, presentando que, frente a esta reforma que no transforma nada, otro camino es posible,
es decir, que es posible
una reforma que desmercantilice la educación, en favor de toda la sociedad, con una convicción
fuerte porque ella ocurra.
Es por esto que como Federación
de Estudiantes de la Universidad
de Chile, presentamos
esta propuesta que es fruto de las discusiones de los estudiantes de cada una de nuestras
unidades académicas. Esta se estructura en 3 ejes centrales
que consideramos deben ser los primeros
pasos para poder
hacer retroceder al mercado y, tras 26 años, redireccionar las políticas públicas
neoliberales de las que no hemos permitido acostumbrarnos.
En el primero,
se presenta la urgente pero omitida tarea de fortalecer la educación pública, entendiendo que ella debe ser el corazón de la calidad
donde se enfrenta y revierte la fuerte segregación
heredada del sistema escolar. Es necesario revertir
la hegemonía privada en el sistema,
para avanzar hacia un sistema de hegemonía pública, que es de calidad y a la vez inclusiva. Asimismo, establecer
una red de colaboración entre las instituciones estatales de tal modo de permitir un progreso en todo el sistema, no permitiendo ni la precarización ni la elitización de estas instituciones. Todo esto de la
mano de una democratización de las instituciones tanto externa como internamente.
En un segundo eje, se establece
un
marco
regulatorio
común
a
todas
las
instituciones,
con condiciones mínimas para el reconocimiento oficial
de cada una de ellas.
Asimismo, con el establecimiento de una Estrategia Nacional y Regional
de Desarrollo, que determine las políticas institucionales para que estas estén al servicio de la sociedad.
Por otro lado, el establecimiento de un sistema de acceso
inclusivo, así como un sistema de información
público y transparente, eliminando con esto las distorsiones producidas por el mercado
en el acceso. Todo esto de la mano de un proceso
de democratización institucional así como de un fin al lucro en todo el sistema.
1 Con
estas palabras, la presidenta Michelle Bachelet, el jueves 31 de marzo, defendió
las reformas de su gobierno
en materia de educación, en un acto en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante su viaje a Washington
(“Bachelet en Washington: La educación
tiene que ser un derecho
social y no un bien de consumo”, en Radio
Cooperativa.)
A continuación, se detallan las principales propuestas:
1. Educación Pública
Frente a la disminución progresiva de la participación pública en el sistema, producto
de la irrupción de la matrícula privada producto de las políticas
neoliberales diseñadas en 1981 e implementadas y profundizadas hasta la
fecha, con un explosivo crecimiento tanto en cantidad
de instituciones como cantidad de matrícula, es que creemos fundamental revertir
esta situación por medio
del fortalecimiento de la educación
estatal con las siguientes medidas:
a.
Fortalecimiento Educación estatal:
i.
Ampliación de la matrícula
en la Educación Superior estatal.
Para avanzar coherentemente hacia el fortalecimiento y expansión de la Educación
Pública, es necesaria
una ampliación de matrícula en la Educación
Superior Pública, por medio de un aumento progresivo
de la matrícula pública en todo el sistema hasta
llegar a más de un 50% en el corto plazo (entre cinco y diez años), que sea coherente con una Estrategia Nacional y Regional de Desarrollo. Esta ampliación debe ir de la mano de la disminución de participación en la matrícula de instituciones privadas, como se desarrollará más adelante.
ii. Mejoría en las condiciones
materiales
y de infraestructura
de las instituciones estatal
Este aumento de matrícula debe ir acompañado, de manera insustituible, por una mejoría
en las condiciones materiales e infraestructura de las instituciones. Esto debe ir en la línea de que el aumento de matrícula proyectado cuente con la adecuada infraestructura, y que el deterioro sostenido de la Educación de las públicas, permita mejorar las condiciones
materiales actuales de las instituciones de Educación Superior
Pública, principalmente las Instituciones
Estatales.
Estas mejoras
deben tener como objetivo del fortalecimiento de áreas áreas docentes, de investigación y de extensión.
iii.
Red de instituciones estatales
Esta red debe estar compuesta por todas las instituciones públicas que debe estar en sintonía
con la educación escolar pública,
para dar continuidad a estudios, al mismo tiempo que tiene un mayor alcance y niveles de colaboración efectiva
entre ellas.
Sus funciones
principales deben ser las siguientes:
1. Elaboración
de un plan nacional y regional de desarrollo de estas instituciones que guíe el trabajo de estas instituciones, tanto en ámbitos de docencia,
como en investigación y
extensión, donde se comprenda un trabajo colaborativo.
2.
Participación significativa en la elaboración de las Estrategias Nacionales y
Regionales de Educación Superior.
3. Desarrollar
estrategias de inclusión, con planes
de
acompañamiento especiales para los estudiantes de quintiles más pobres, en carreras con altas deserción
y
de
los
estudiantes
que
provengan
de instituciones
privadas cerradas.
4. Establecer
mecanismos de
retribución social
de
los
profesionales
egresados, por medio de un sistema de prácticas y trabajos
orientados que respondan a las distintas necesidades del país afines con cada disciplina.
5. Debe actuar coordinadamente con
los
gobiernos
locales,
regionales
y nacional.
6. Destinar recursos específicos para
el
desarrollo
sus
funciones
que
se contemple dentro del presupuesto para el ministerio
de educación.
iv.
Mejorar la participación de la educación
estatal por sobre privada en el sistema
Esto significa
congelar las vacantes en instituciones de educación superior privada, así como también, cerrar
o
estatizar instituciones privadas que no cumplan las condiciones
establecidas en el Marco Regulatorio. Esto implica un proceso de absorción de matrículas privadas por instituciones públicas que deban cerrar por no cumplir
con el marco regulatorio que quede establecido.
Esto debe ir acompañado de medidas
concretas que aseguren la permanencia en el sistema, de los estudiantes
de
aquellas
instituciones.
Para esto, los estudiantes de las instituciones privadas que cierren, deben
ser incorporados a instituciones públicas y debe ser acompañado íntimamente por un proceso el cual no desatienda el correspondiente acompañamiento
que
debe
existir
a
los
estudiantes
reubicados
producto del cierre de planteles
privados.
El
impacto
negativo
que
pueda
existir
en
el proceso
de formación académica, debe ser abordado oportunamente y deberá ser parte íntegra del proceso de
reubicación de los estudiantes.
2. Marco
Regulatorio
Frente a una fuerte desregulación del sistema, resulta
fundamental definir criterios
y condiciones mínimas que le den coherencia al sistema y que aseguren que los proyectos de cada institución vaya en sintonía
con los fines públicos inherentes a la educación
superior. Esto no debe implicar poner centro de las transformaciones el estado en cuanto a regulador. Es por esto que consideramos como principales reglamentaciones las siguientes:
a. Nuevas Condiciones para el reconocimiento oficial de todas las instituciones de educación superior que contemple lo siguiente:
i.
Complejidad de las instituciones
Las universidades deben ser complejas, contemplando investigación, docencia
y extensión, quehaceres que deben
estar en estrecha
sintonía con la Estrategia Nacional
y Regional de
desarrollo.
Las Universidades por esencia son Instituciones que poseen un carácter complejo,
es decir, deben desarrollar docencia,
investigación y extensión.
Esto implica
que dentro de sus responsabilidades no solamente se encuentran la impartición de conocimientos, sino
que
poseen
la
obligación
de construir conocimientos mediante proyectos de investigación en las distintas
áreas de interés público. Estos deben estar estrechamente vinculados con
el
fomento
del
desarrollo
de
las
comunidades
locales, regionales y también el país, y por lo tanto, el conocimiento que desde estas Instituciones se genere
debe
necesariamente ser de propiedad social. En cuanto
a
la
extensión,
las instituciones universitarias deben
contar
con
una
política
de relación constante con la sociedad, promoviendo
la cultura, el deporte y el desarrollo de las comunidades junto a organizaciones territoriales, funcionales y otras organizaciones sociales. La complejidad de las instituciones, junto con otros aspectos claves en la calidad educativa
que tienen directa relación
con
las
condiciones
materiales
para
el estudio como
condiciones mínimas de infraestructura deben ser considerados como condiciones necesarias para una educación de calidad, y por lo tanto, tienen que incorporarse como criterios
irrenunciables en un nuevo sistema de acreditación en el que tienen que participar todas las instituciones.
ii.
Democracia y gobernanza
Desde un punto de vista interno, las instituciones deben organizarse democráticamente con la participación de todos los estamentos en órganos colegiados normativos y
ejecutivos, así como en la elección de autoridades unipersonales. Resulta fundamental que las Instituciones
de Educación Superior aseguren dentro de sus planteles el pluralismo mediante
la libertad de cátedra y garanticen el derecho de organización de los distintos
estamentos.
Desde un punto de vista
externo, las instituciones públicas
deben contar con un Proyecto
de Desarrollo Institucional, que materialice la Estrategia Regional
y Nacional de desarrollo, que se elabore en espacios
participativos abiertos al mundo social.
iii.
Prohibición efectiva del lucro.
Se debe cumplir
efectivamente
la prohibición del lucro, siendo esta extendida a todo el sistema.
Para asegurar el cumplimiento se diseñarán
mecanismos estrictos de control de funcionamiento y contratación a todas las instituciones.
Asimismo,
se
debe
prohibir cualquier tipo de vinculación entre partes relacionadas (con excepción de dos instituciones
sin fines de lucro como el caso de DUOC UC y la PUC). Las instituciones en las que haya lucro deben tener
sanciones que comprendan la suspensión y el cierre de las instituciones. Una superintendencia
realizará el control presupuestario, así como realizar
un seguimiento de ingresos y egresos de las instituciones.
Los directivos y controladores que lucren
en sus respectivas instituciones deben tener sanciones penales. Se debe tipificar el lucro y además, estos controladores deben realizar un reintegro del total del “retiro de utilidades”, junto a una multa de hasta un 50% del monto anterior.
iv. Deben existir
condiciones mínimas de infraestructura acorde
a la matrícula y a las particularidades de cada disciplina.
v.
Marco
Nacional de Cualificaciones
Un Nuevo Sistema de Educación Superior requiere dar cumplimiento a un marco
nacional de cualificaciones. Este marco debe establecer contenidos mínimos
en todos los planes y programas de estudios que se imparten
en
nuestro
país,
asegurando
que todos los estudiantes del Sistema,
puedan contar con estándares de conocimientos similares.
También es necesario
uniformar las nomenclaturas de cada plan y programa
de estudios.
b.
Estrategia regional y nacional
de desarrollo.
La estrategia debe considerar las necesidades del país a través de la producción de conocimiento. En este sentido,
la formación técnica
y profesional debe estar regulada
acorde a las necesidades del desarrollo productivo
de Chile, respondiendo a los diversos requerimientos del país.
Estas estrategias deben ser establecidos por medio de consejos sociales y participativos
que busquen responder a las necesidades del país, con especial atención en la equidad de género, así como que la
orientación de la producción de conocimiento este al servicio
del país.
Se debe racionalizar la formación de técnicos y profesionales en atención a necesidades reales,
no a la especulación del mercado laboral.
c.
Regulación y transparencia
El sistema debe contar con un mecanismo
claro y transparente, en el que se establezca que todas las instituciones
deban rendir
cuenta pública de sus ingresos y de la información
relativa al accesos de instituciones.
Con el objetivo de contar con información
relevante
del Sistema
de Educación Superior, se requiere la
instauración de un Sistema Nacional
de Información, el que sea de carácter centralizado y que sirva para desarrollar estadísticas de todo el Sistema,
permitiendo que se cuente con acceso a información de manera fácil y
rápida. Esto debe tener como objetivo
el erradicar la publicidad de las Universidades, destinando esos recursos
a la investigación, extensión u otras necesidades del quehacer institucional.
3. Financiamiento
El rol del estado, en estos 35 años ha jugado un papel muy relevante por medio del incentivo y fortalecimiento de la matrícula
privada. Y uno de los instrumentos que se han utilizado ha sido por medio del endeudamiento (con el Crédito
con Aval del Estado) y del financiamiento a la demanda,
dado que con la
implementación del CAE se fortaleció el aumento progresivo de las instituciones
privadas, así como que con el financiamiento a la demanda
vía voucher fue dirigida en un 56% a instituciones privadas post 1981. Es frente
a este subsidio a los privados que se
debe abordar una reforma que permita una transformación del sistema,
que fortalezca en términos presupuestarios a la educación pública. Para esto se proponen las siguientes medidas:
a.
Gratuidad universal por medio de financiamiento Público a Instituciones:
Se debe establecer aportes basales de libre
disposición para las instituciones estatales,
que lleguen al 100%. Este aumento presupuestario de las instituciones públicas debe ser coherente con el aumento
de matrícula e infraestructura. De este modo se debe garantizar la erradicación progresiva de toda forma de autofinanciamiento.
Financiamiento
debe ser de carácter mixto, por medio de aportes basales,
al mismo tiempo que fondos
especiales para las necesidades específicas de cada institución. Asimismo, el financiamiento debe ser coherente
con la estrategia nacional, regional
e institucional de desarrollo.
Por otro lado, se debe establecer convenios
para el mejoramiento de la
calidad y crecimiento de las instituciones públicas, con un fondo especial
de revitalización a instituciones públicas precarizadas.
b.
Eliminar Aporte Fiscal Indirecto
Los fondos
destinados en el presupuesto por este concepto
deben redireccionarse hacia
Aportes basales
c.
Erradicar del sistema cualquier
forma de voucher y financiamiento a la demanda
Estos fondos deben ir progresivamente a dar financiamiento público a las instituciones, lo que
considerará
a instituciones privadas que cumplan
con
el marco regulatorio en un periodo
de transición hasta llegar a una hegemonía de la matrícula
pública. Sin embargo,
esto no debe implicar una pérdida de beneficios para los estudiantes, sino que un proceso de absorción de estos en instituciones con financiamiento público
d.
Fin al endeudamiento.
Uno de los principales mecanismos utilizados ha sido el endeudamiento, específicamente, el Crédito con Aval del Estado. Este instrumento
ha permitido el explosivo aumento de la matrícula del sector de Universidades privadas post 1981, y a operado
como un subsidio a la banca privada vía recompra de títulos de deuda, desviando
recursos desde educación
hacia ese sector.
De esta manera, ha forzado a los estudiantes a cargar con una pesada mochila, sin garantizar su derecho
a la educación, y subsidiando el negocio de Universidades privadas
y el sistema financiero. Es por esto que se deben adoptar
las siguientes medidas:
i. Erradicar a los Bancos de cualquier
sistema de financiamiento.
ii. Condonación de la deuda educativa
iii.
Fin al financiamiento con crédito con aval del estado
DISENSOS A VOTAR.
1. Ante el caso de eventual
cierre de instituciones privadas por lucro, crisis financiera u otras, se debe
● Estatizar la institución
● Cerrar y absorber matrícula
privada en instituciones públicas, donde estudiantes salgan con títulos
de
las últimas instituciones (cumpliendo las exigencias académicas de las mismas)
2. Qué otras casas de estudio podrán
recibir financiamiento fiscal
para su desarrollo institucional (dígase
extensión, investigación u otras)
● Universidades
Privadas que cumplan con el Marco Regulatorio
● Universidades Privadas
CRUCH (católicas y privadas laicas)
● Universidades Privadas
Laicas
CRUCH
(Austral
de Chile,
Universidad de Concepción,
Universidad
Federico Santa María)
● Ninguna (sólo estatales)
3. La participación democrática entendida como voz y voto en la decisiones de la comunidad
universitaria
(comprendida por los estamentos académicos, funcionarios y estudiantes) se expresara:
● Paritariamente
(⅓ cada estamento)
● Proporcionalmente por estamento (cada estamento con un mínimo de 20%)
● Temáticamente (cada estamento tiene voz y voto en las materias
que son de su incumbencia)
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