DECLARACIÓN DE LA CARRERA DE LENGUA Y LITERATURA HISPÁNICA

DECLARACIÓN DE LA CARRERA DE LENGUA Y LITERATURA HISPÁNICA

En la jornada de paro reflexivo del día 20 de abril del 2016, como alumnos de la Universidad de Chile nos hemos propuesto denunciar los casos de abuso que se han dado en nuestra carrera.

Debido a la visibilización de los problemas de género en nuestro círculo, tomamos postura frente a las malas prácticas que la institución ha cometido hasta el punto de dejar de lado los problemas concernientes a la violencia machista.

Entre pares hemos evidenciado dos casos particulares: El caso de Nicolás Gana y Pablo Toro. Como carrera, antes de exponer nuestros argumentos, exigimos de antemano la expulsión inmediata de ambos abusadores.

Nicolás Gana cometió abuso sexual en contra de una de nuestras compañeras, hecho que fue denunciado ante Decanato y el cual tuvo como respuesta un sumario insuficiente por bullying, que no asegura la expulsión del alumno.

Evidenciamos prácticas irregulares de parte de Decanato como el ya mencionado en el párrafo anterior, además de los que se relataran a continuación:

A fines de enero empezó el sumario contra Nicolás Gana, después de muchos meses de ocurrido el hecho; en tres meses de sumario, la autoridad a cargo solo llamó a dos testigos, considerando eso lo necesario para el cierre del sumario, siendo que la víctima proporcionó numerosos nombres para la declaración. Durante las entrevistas de los testigos entregados por la víctima de Nicolás Gana hubo un cuestionamiento que no iba al caso: se hizo una interrogación innecesaria acerca del Comité de Ética (organismo de alumnos que se dedica a apoyar a las víctimas de abuso y que nació a partir de la urgencia que representó el caso de Fernando Ramírez), específicamente sobre el número de sus integrantes, sus identidades y si eran ellos los responsables de los carteles pegados en la facultad.

La decana, María Eugenia Góngora, al ser informada del abuso dio cuenta su parecer, manifestando que no importaba dónde hubiera ocurrido la violación, respaldándose en la falta de protocolo  y, por su parte, la abogada de la Facultad, Javiera Villalón, propuso un cara a cara de la víctima con el victimario sin considerar la gravedad del hecho, lo que hubiese implicado una  revictimización y un riesgo a nuestra compañera.

Las autoridades también negaron un fiscal especialista en género, argumentando que es “poco imparcial” para el violador. Además, la fiscal asignada en la entrevista le dio más importancia al rendimiento académico que a las circunstancias del delito y al estado emocional de nuestra compañera, haciendo notar su nula experiencia y falta de empatía para tratar con ella. A la víctima se le prestó nula protección frente al abusador, ya que ambos fueron citados en varias ocasiones a la misma hora y en el mismo lugar, sin garantizar una instancia segura.

Debido a la presión psicológica, nuestra compañera solicitó congelar. No se le prestó ayuda alguna y debido a esto perdió su semestre académico, además de sufrir malos tratos de parte de los funcionarios. Nuestra compañera ha estado estos meses en un estado de total incertidumbre frente al caso, ya que la información ha sido confusa, contradictoria e incluso falsa de parte de figuras administrativas. A modo de ejemplo, el encargado de Bienestar Estudiantil se comprometió a hacer lo necesario para que no perdiera su semestre académico, para que pudiera congelar o bajar la carga académica, y luego para evitar el pago de matrícula de incorporación 2016, todo lo cual resultó ser falso, implicando un proceso de expulsión y reincorporación normal, siguiendo el conducto regular.

Bernardo González ha contactado a la víctima por medios informales como Whatsapp y ha difundido información falsa tanto a nuestra compañera como a los espacios de discusión del estudiantado (aseguró que la afectada iba a acudir a la justicia por su cuenta, cosa que no es cierta).

Sabemos que Decanato ha tomado medidas insuficientes (como ofrecerle tomar ramos en secciones en que no se encuentre con el violador), siendo limitados para asegurar la integridad de la víctima. Incluso, se ha prestado más apoyo al abusador (como darle la facilidad para congelar fuera de plazo, sin ninguna exigencia extra ni sanción).

La víctima ha tenido que relatar el suceso traumático más de cuatro veces por petición de la institución, hecho que le ha provocado un estrés psicológico innecesario, lo que da cuenta de la poca seriedad y nula responsabilidad de Decanato.

Para el caso de Nicolás Gana exigimos vías serias de institucionalización y un protocolo que trate los problemas de violencia de género y al mismo tiempo pedimos una postura más comprometida además de lo que “se puede hacer institucionalmente”.

Con respecto al caso de Pablo Toro, al igual que en el de Nicolás Gana, cuando supimos sobre los actos de estos dos abusadores no tuvimos la capacidad de tomar las medidas necesarias ni de posicionarnos como carrera, llegando al extremo de cuestionar en asamblea los relatos de las víctimas y ejercer juicios a partir de rumores de pasillo, malintencionados o no, durante todo este tiempo.

Considerando lo expuesto anteriormente, como Asamblea de Hispánica declaramos que tanto Pablo Toro como Nicolás Gana incurrieron en actos de violencia de género –abuso psicológico y abuso sexual, respectivamente- en contra de nuestras compañeras. Respecto del caso de Toro, nos consta que difundió información falsa sobre una supuesta denuncia de carácter legal contra quienes emitieran comentarios en su contra, hecho que fue motivo de censura en asamblea y motivo de silencio de parte nuestra.

Como comunidad estudiantil de Hispánica, ahora tomamos posición totalmente en contra de todos los violadores y abusadores dentro de nuestras aulas y reiteramos nuestra exigencia que se expulse inmediatamente a Pablo Toro y Nicolás Gana. Además exigimos que Decanato se comprometa totalmente con los casos de abusos actuales y futuros, brindándonos así el espacio seguro, confiable y respetuoso que se supone es la Universidad de Chile.

Por último, queremos hacer notar que no nos quedaremos de brazos cruzados ante la pasividad de Decanato y tomaremos medidas comunitarias en contra de los abusadores, negándonos a compartir espacios comunes –clases, asambleas, actividades extracurriculares, etc.- con ellos.