Declaración
Pública
CEFH,
Universidad de Chile.
Mediante la presente nos dirigimos
a toda la gente del país.
Desde
mediados del año 2015, y todo lo que va del presente año 2016, hemos sido
testigos de una campaña de terror organizada y sistemática, de la que muchos
medios de comunicación se han hecho parte y que ha llevado a instalar en la
población una sensación generalizada de inseguridad respecto de la
delincuencia. Todo pese que los índices
muestran una tendencia a la baja respecto de los delitos comunes en la vía
pública. Dicha campaña se ha hecho explícita en la prolongada duración de los
segmentos policiales en los noticieros, y, en la cantidad de veces que se
repiten las notas respecto de delitos que no revisten una connotación de
problema sistemático, en desmedro de los crímenes que son cometidos por parte
de la algunos miembros de la clase política, o de los empresarios. Dicho de
otro modo, las pautas de los noticiarios se han centrado en mostrar una y otra
vez los denominados “portonazos”, “lanzazos”, y robos con intimidación, los
cuales en realidad en los últimos años han tenido una tendencia clara a la
baja. En cambio, los femicidios, las violaciones, los delitos económicos
-estafas, evasión tributaria, fraude al Fisco, etc.- y los delitos electorales
–como los bullados casos Penta, SQM, y demás- han tendido a ser opacados,
cuando no, ocultados por los mismos medios, esto pese a que han aumentado
dramáticamente en cantidad en el mismo periodo. Y este esfuerzo les ha rendido
frutos, puesto que dada la misma sensación de inseguridad que se ha instaurado
entre la gente se ha impulsado una serie de proyectos de ley que tienden a
aumentar las atribuciones de las policías y los aparatos de inteligencia del
Estado, lo que ha sido proyectado como algo necesario por parte de los ya
mencionados medios de comunicación.
A
éste respecto, la denominada “agenda corta anti delincuencia”, que en éstos
momentos se aproxima a paso agigantado a ser despachada desde el congreso para
su promulgación, ha sido hecha como un traje a la medida para resguardar los
intereses ideológicos que han buscado instalar los grandes empresarios, y, en
general la clase dominante en el país a través de todas las modalidades que han
tenido a su alcance. Vemos con preocupación la totalidad de esta agenda, por
cuanto implica necesariamente convertir a Chile en un Estado Policial, dónde el
orden público prime por encima de la justicia social, y que por tanto se
configure como un paraíso para la inequidad y los abusos, que, a partir de
éstas leyes estarán garantizados en el sistema, por vía de la fuerza.
Entre
todos los elementos que constituyen esta agenda, saltan con especial relevancia
“el control preventivo de identidad”
que es un mero eufemismo para la detención por sospecha, la iniciativa
que sanciona con cárcel las agresiones a carabineros sin necesidad de evidencias físicas, la iniciativa que
sanciona a los fiscales que entreguen información respecto de las causas que
llevan, y la denominada “ley mordaza”. Adicional a esto, también resulta
sumamente preocupante la ya despachada ley que fijó prescripción de los
delitos electorales en dos años. Todas las cuales se configuran como un
aparataje único destinado a profundizar la inequidad en el país, y que se
servirán como medidas para que quienes tienen mayores recursos puedan abusar
tranquilamente del total de la sociedad, mientras que a esta se le perseguirá y
criminalizará de forma arbitraria.
Más
preocupante es que el propio ministro Jorge Burgos haya declarado que el
control de identidad no viola ningún derecho constitucional, cuando, en la
práctica se deja al arbitrio policial la posibilidad de impedir las libertades
personales, así como les será posible separar a grupos de personas so pretexto del
control mismo pudiendo detener hasta por 4 horas sin motivos a las personas, lo
que viola flagrantemente el artículo 19 de la constitución en sus incisos 7° y
13°. Más si, con una mirada a la historia reciente, observamos cual ha sido el
actuar de las policías -en especial de carabineros- cuando han actuado con
fines represivos. Desde el retorno a la democracia y hasta nuestros días,
innumerables han sido sus abusos, los montajes, el matonaje, y las malas
prácticas en las que han incurrido los uniformados.
Estas
leyes se configuran como un retroceso tremendo, por cuanto permiten la
criminalización de la protesta, la desarticulación de los movimientos sociales,
y, por consiguiente deja campo abierto a que en un futuro se pierdan todos los
avances que tanto esfuerzo y sufrimiento han costado al pueblo de Chile. La
delincuencia, al igual que muchos de los otros problemas sociales de la
actualidad, no se resuelve por fuerza de ley, por vigilancia policial, o por
medio de la cárcel. Si existe alguna solución para esta, pasa por la educación,
la igualdad de oportunidades, y en general, la construcción conjunta de una
sociedad justa y equitativa.
Expresado
todo lo anterior, llamamos a toda la población a tomar conciencia, y acción
activa para impedir que dichas iniciativas se instauren en Chile, llamamos a la
ANEF, la CUT, la CTC, la ACES, la CONES, el CONFECh, el SINTRAC, y toda
organización social, sindical o multi gremial que se sienta convocada, a unirse
en torno a esto, y alzar la voz con fuerza y sentido de urgencia.
Así mismo, exigimos a la
Presidenta de la República que haciendo uso de sus facultades legales (artículo
73 de la constitución) devuelva a la cámara de origen todas las leyes que
directa o indirectamente han sido mencionadas, e instruya a los partidos de su
coalición a rechazar dichas iniciativas de ley. Recordándole que fue electa por
el pueblo de Chile para transformar el país, como representante de la voluntad
del mismo, y no para estar al servicio de una anquilosada clase política y empresarial
que tantas veces se han valido de fuego y sangre para imponer su voluntad e
intereses en contra del pueblo.
Coordinadora de Estudiantes de Filosofía y
Humanidades
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